PRM acomoda sus fichas para 2028 mientras crecen las grietas judiciales, económicas e institucionales El partido gobernante concentra su dirección alrededor de figuras cercanas al poder, mientras siguen las reacciones por renuncias en la Suprema, aumentan los cuestionamientos a organismos públicos, el crédito sigue caro y nuevas crisis internas e internacionales elevan la presión.

 PRM reparte posiciones en la carrera hacia 2028.

El Partido Revolucionario Moderno (PRM) renovó su dirección para 2026-2030 con Luis Abinader como presidente y Juan Garrigó Mejía, nieto del expresidente Hipólito Mejía, como secretario general, una designación que obligó a dirigentes del propio partido a responder cuestionamientos sobre nepotismo. Deligne Ascención, Milagros Ortiz Bosch, Eddy Olivares, Nelson Arroyo, Salvador Ramos y Gloria Reyes completan posiciones relevantes de la nueva estructura. José Ignacio Paliza e Hipólito Mejía reivindicaron el consenso alcanzado, mientras Abinader llamó a mantener la unidad y fortalecer la organización. Más allá del discurso interno, el movimiento evidencia que el oficialismo ya comenzó a acomodar liderazgos y controlar tensiones con la mirada puesta en unas elecciones de 2028 todavía distantes.

 Renuncias en la Suprema y la renovación judicial queda bajo sospecha.

Mientras el partido gobernante recompone su dirección, la decisión de cuatro jueces de la Suprema Corte de Justicia, incluido su presidente Luis Henry Molina, de no someterse a la evaluación del Consejo Nacional de la Magistratura, provoca una reconfiguración de alto impacto en la principal instancia judicial del país. El obispo Jesús Castro Marte reclamó magistrados independientes, íntegros y preparados. Antoliano Peralta negó presiones políticas y atribuyó las decisiones a razones personales, pero cuatro desistimientos colocan inevitablemente al CNM bajo escrutinio y obligan a demostrar que la renovación de la Suprema responderá a méritos y no a cuotas del poder.

 La JCE amplía su poder sancionador y provoca dudas sobre quién controla al árbitro. La Junta Central Electoral abrió un proceso contra ACD Media por publicar encuestas fuera del plazo establecido y defiende la medida como parte de sus atribuciones para impedir distorsiones electorales. Finjus, sin embargo, sostiene que el organismo podría estar excediendo sus facultades y recuerda que corresponde al Congreso establecer determinadas sanciones. El conflicto deja de ser simplemente una discusión sobre encuestas: pone sobre la mesa hasta dónde puede extenderse el poder regulador de una institución que, precisamente por su condición de árbitro electoral, está obligada a despejar cualquier duda sobre los límites de sus propias actuaciones.

 Llegan más dólares por remesas, pero el crédito caro y los combustibles golpean por dentro.

República Dominicana recibió US$7,316.4 millones en remesas durante los primeros siete meses de 2026, con Estados Unidos aportando el 81.4 %, pero la cifra favorable convive con señales menos cómodas para la economía cotidiana. Sectores productivos cuestionan la apreciación del peso por el golpe que representa para exportadores y receptores de remesas, mientras las tasas promedio de préstamos alcanzaron 13.79 % en julio. A la presión financiera se suma el impacto de la guerra en el Golfo, que ha provocado aumentos de hasta RD$51 por galón en los combustibles pese a los subsidios estatales, dejando hogares y empresas expuestos a mayores costos.

 La peste porcina y las importaciones arrinconan a los productores.

En Monte Adentro, la combinación de peste porcina africana e importaciones habría reducido alrededor de un 50 % el número de criadores, golpeando directamente la capacidad productiva de la zona. La crisis vuelve a exhibir la fragilidad del sector porcino y plantea preguntas sobre la efectividad de las políticas de control sanitario y protección a productores que enfrentan simultáneamente enfermedad, competencia importada y pérdida de capacidad económica.

 Senasa, Inaipi y Policía Nacional engrosan el expediente de problemas del Estado.

La Cámara de Cuentas concluyó la auditoría especial sobre Senasa, un expediente con más de diez imputados y el exdirector Santiago Hazim bajo prisión preventiva, mientras Emma Polanco Melo informó que el documento será entregado luego de resolver las observaciones pendientes. Al mismo tiempo, seis contratos del Inaipi fueron suspendidos “preventivamente” por presuntas irregularidades y la Policía Nacional aparece con 24 sentencias del Tribunal Constitucional sin cumplir. Tres frentes distintos que convergen en una misma preocupación: organismos públicos investigados, contratos cuestionados y decisiones de la máxima jurisdicción constitucional que el propio Estado todavía no ejecuta.

 Gaza, Ucrania e Irán mantienen abierta la puerta a nuevas escaladas.

En el tablero internacional, Israel rechazó el plan de 15 puntos para Gaza atribuido a Donald Trump y condicionó cualquier retirada al desarme completo de Hamás, mientras Benjamin Netanyahu insiste en mantener el control hasta lograr ese objetivo. Perú confirmó la muerte de once ciudadanos que combatían junto al ejército ruso en Ucrania y alertó sobre reclutamientos que podrían involucrar redes de trata. En paralelo, Trump afirma que busca reducir la tensión con Irán mediante presión económica sin nuevos ataques militares; una estrategia presentada como “partida de ajedrez”, pero desarrollada en un escenario donde cualquier movimiento equivocado podría volver a disparar el conflicto.

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Una reunión puede terminar

sin haber decidido nada

Tres horas reunidos. Todos participaron. Hubo ideas, opiniones, propuestas y hasta sensación de avance.

Pero al terminar nadie podía responder con claridad: ¿qué se decidió?, ¿quién es responsable?, ¿para cuándo?, ¿cómo se dará seguimiento?

Ese es uno de los problemas más costosos y menos visibles de muchas organizaciones: confundir conversación con decisión.

Cuando lo acordado queda únicamente en la memoria, cada persona sale con su propia interpretación. Y lo que parecía avance termina convertido en otra reunión.

El problema no es reunirse. Es terminar sin convertir lo hablado en una decisión que pueda ejecutarse.

Porque una organización comienza a avanzar cuando lo importante deja de depender de lo que alguien recuerde.

La memoria ayuda a recordar. Pero la memoria no ejecuta.

Si esta escena se parece demasiado a lo que te ocurre, este libro desarrolla un sistema práctico para convertir conversaciones en decisiones, decisiones en acciones y acciones en aprendizaje.

 De la crisis a un sistema de oportunidades
Wilfredo Polanco

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