Una brecha entre la promesa y el resultado (2do envio)

A seis años del Gobierno del PRM promesas siguen pendientes de cumplimiento, evaluación crítica del PLD al Gobierno de Luis Abinader

El Partido de la Liberación Dominicana hizo una evaluación crítica a los seis años de gobierno del PRM, llegando a la conclusión que los tres grandes problemas que se comprometió a resolver siguen liderando la agenda de preocupaciones de los dominicanos.

La organización política recordó que, en agosto de 2020, Luis Abinader asumió la presidencia de la República Dominicana con un discurso de cambio sustentado en tres promesas medibles: reducir un 30% el precio de los alimentos en los primeros 100 días de gestión, disminuir la delincuencia en un 50% en dos años y aplicar una política de “cero tolerancia” contra la corrupción.

La declaración fue hecha por el Secretario general del PLD, Johnny Pujols, quien fungió de vocero en la rueda de prensa de este lunes, acompañado de los vice presidentes Temístocles Montás e Yván Lorenzo, de Adriano Sánchez Roa, de los Asuntos Agropecuarios, Carlos Manzano, de Administración Pública, Sigfrido Pared Pérez, Seguridad y Defensa, Radhamés Camacho, de Asuntos Magisteriales, Luis Reyes, de Asuntos Económicos y Richard Medina, del Comité Político.

Con relación a la canasta alimentaria, el compromiso era contundente y delimitado en el tiempo: en 100 días, una reducción del 30% en los precios de los alimentos. La evidencia de los hechos apunta en sentido contrario. Mes a mes, los precios de los productos que sostienen la dieta dominicana no bajaron; subieron de manera sostenida.

Entre finales de 2020 y mediados de 2026, el arroz —el alimento base del país— se incrementó en un 116%, la habichuela, proteína vegetal esencial de la mesa dominicana, se encareció en un 69%, el aceite de soya aumentó un 200%. Y las carnes no se quedaron atrás: la libra de carne de pollo aumentó su precio en más de un 99%, la carne de res ha superado el 132%, y la de cerdo ha seguido una trayectoria ascendente similar, superando el 94%.

En cuanto a la delincuencia, recuerda la promesa que hizo el presidente Abinader en campaña de reducirla en un 50% en dos años, una de las más ambiciosas, sin embargo, hasta ahora, los resultados no evidencian una caída de la magnitud comprometida, y en varios períodos los repuntes han sido notorios.

Explica que ya no se trata solo de delincuencia común callejera, sino de redes criminales organizadas que operan, según las propias investigaciones, al interior de las instituciones del Estado, tal como ocurrió en el desfalco millonario en el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), cometido entre 2023 y 2024. La acusación habla de un fraude vinculado a la contratación del sistema de semáforos y a la red de control que dejó paralizadas partes de esa infraestructura, con perjuicios que las investigaciones sitúan en el orden de los RD$1,300 millones.

El PLD también cita el caso de la Operación Falcón, red acusada de narcotráfico, la red de infiltración en el Puerto Multimodal Caucedo y la reclamación en extradición por parte de las autoridades de los Estados Unidos de personas del entorno del propio oficialismo como el ex asesor presidencial Fabio Jorge, acusado de narcotráfico, tuvo que entregarse ante la justicia estadounidense, y el encargado administrativo vinculado al partido de gobierno Luis Manuel Febles Peralta fue entregado por decreto de extradición.

A estos dos casos, hay que agregar la extracción de diputados, alcaldes y regidores del PRM, lo que pone en evidencia que se trata de un fenómeno muy amplio: en el primer cuatrimestre de 2026, el presidente se vio obligado a autorizar la extradición de 20 personas, en gran parte reclamadas por Estados Unidos.

Al referirse a la promesa de “Cero tolerancia” contra la corrupción, afirmó que el caso del Seguro Nacional de Salud (SENASA) se ha convertido en el espejo incómodo de ese compromiso, un desfalco estimado en los 19 mil millones, cuya finalidad se ha atribuido al financiamiento de la campaña del presidente Abinader en 2024 y que terminó afectando a los más desposeídos del país.

 Destaca que una política de “cero tolerancia” no se agota en el discurso ético ni en la creación de oficinas de integridad: se sostiene en la ausencia de espacios para el desfalco y en la sanción ejemplar que disuade.

Sostiene que la confianza en la democracia se construye también sobre la verificación honesta de lo prometido. Mientras los indicadores se ajusten a conveniencia y la percepción ciudadana no mejore, la distancia entre la promesa y el resultado seguirá siendo el talón de Aquiles del legado de este gobierno.