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El coronavirus no solo obligó a cambiar en el último año todas las formas de atención médica, sino que dejó en evidencia las debilidades del sistema sanitario dominicano. También, golpeó con fuerza a uno de los sectores que más dinero aporta a la economía local: el turismo.
Además, los efectos de la pandemia del COVID-19 fueron marcados en el plano educativo, en el que las brechas digital y educativa se hicieron más evidentes, en consonancia con las desigualdades sociales existentes.
Al menos el cierre parcial de todos los tribunales del país aceleró la transformación tecnológica de la justicia, permitiendo continuar con el conocimiento de los procesos de manera virtual.
“El Gobierno ha desplegado en los diferentes ámbitos económicos una intensa agenda que nos permite afirmar que en el año 2021 el crecimiento económico será notorio e impactará positivamente en todos los sectores de la sociedad”, aseguró el pasado sábado el presidente Luis Abinader.
Él rendía cuentas de sus primeros seis meses de gestión; Innovacion Digital lo amplía al primer año de la pandemia.
El sistema de salud ha tenido que estar disponible para una pandemia que hasta el pasado sábado había acumulado 239,617 casos oficiales de COVID-19 en el país desde marzo de 2020.
De estos, 191,338 se recuperaron y 45,179 seguían contagiados, mientras que 3,100 personas fallecieron.
Con el inicio de la pandemia, gran parte del recurso humano del sector salud tuvo que salir de los centros, algunos por ser muy mayores de edad y otros por presentar algún tipo de comorbilidad, dos características favorables para el impacto del coronavirus.
Esta situación urgió a los centros a agregar más personal y el Gobierno creó un programa de capacitación para médicos y colaboradores de salud sobre los síntomas y comportamientos del virus para avanzar en la detección temprana.
Las jornadas laborales se hicieron más intensas y el personal médico dedicado a la atención del COVID-19 estableció jornadas de 24 horas para luego regresar a los 14 días, tiempo en el cual podrían determinar si se habían contagiado.
El cansancio, la fatiga y el temor se convirtieron en el pan de cada día del personal de salud que debió alejarse de sus familiares para evitar que el virus atacara a sus seres queridos. Sin embargo, muchos médicos se vieron contagiados y al menos 800 trabajadores de la salud se han visto afectados.
Para poder salvaguardar el bienestar del personal médico, el Gobierno asignó un presupuesto de más de RD$224 millones para la compra de indumentarias de protección personal en Salud Pública.
Durante los dos primeros meses de la pandemia las consultas electivas fueron suspendidas y las emergencias de hospitales como el Moscoso Puello fueron abarrotadas en busca de atención médica. Algunos médicos empezaron a ofrecer consultas a través de los medios digitales.
Esta situación cambió el ritmo de las consultas y la condición médica de los pacientes, pues a pesar de que estas fueron agendadas y atendidas dependiendo del grado de urgencia, muchos usuarios regresaron a los centros descompensados.
La pandemia cambió la forma de recibir a los pacientes en los hospitales porque, para poder evaluarlos, deben activar una serie de procesos y protocolos para proteger la salud de su personal.
La depresión y el estrés por el confinamiento aumentó la demanda de atención psicológica de la población, por lo cual el Gobierno, las universidades y las instituciones privadas empezaron a consultar vía telefónica y de forma gratuita.
Otro elemento que se puso en evidencia fue el déficit de camas en los centros de la red pública. En el caso de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) solo se contaba con alrededor de 500 camas a nivel nacional, incluyendo los servicios neonatales y materno-infantil.
En tal sentido, el Gobierno autorizó la inversión de RD$211 millones del Servicio Nacional de Salud para el remozamiento de las áreas de emergencia de ocho hospitales públicos.
Se habilitaron salas de aislamiento en diferentes hospitales a nivel nacional y varios centros hospitalarios para recibir únicamente a pacientes positivos o con sospecha de serlo. De igual forma, se contrataron clínicas privadas completas para atender a pacientes diagnosticados con el virus y se habilitaron más de cuatro mil camas adicionales para aislamiento.
El Ministerio de Hacienda implementó medidas en apoyo a la industria farmacéutica para la producción e importación de medicamentos e insumos, garantizando el abastecimiento de la población a precios razonables.
Una de las medidas más simples ha sido el uso de las mascarillas. Toda la población se ha visto obligada a utilizar este insumo, que hasta el primero de marzo del 2020 solo era necesario para el personal médico.
En farmacias localizadas en diferentes lugares del país, las mascarillas se agotaban con rapidez debido a la compra masiva de la gente que tenía temor al contagio y también a las sanciones que desde el Ministerio de Salud se establecieron para aquel que no las utilice.
Entre marzo y abril del año pasado, el precio de una mascarilla desechable oscilaba entre los RD$3 y los RD$70, y las N95 (las más recomendadas) costaban entre RD$250 y RD$500. Al pasar los meses, los precios fueron disminuyendo.