El presente art\u00edculo va enmarcado a un reclamo en responsabilidad patrimonial del Estado
\nfundamentada en el accionar l\u00edcito del Poder Judicial al momento de imponer una medida de prisi\u00f3n provisional, incluso cuando esta no es contraria a derecho (leg\u00edtima), en los casos en que, ante los jueces del fondo, los hechos imputados no existan, no revistan car\u00e1cter penal o no se compruebe la participaci\u00f3n del imputado y este ha sufrido prisi\u00f3n preventiva o arresto domiciliario durante el proceso.
\nResulta necesario abordar, como presupuesto l\u00f3gico, si efectivamente el Estado es responsable por las actuaciones del Poder Judicial (actividad jurisdiccional a cargo de los jueces), para luego determinar si dicha responsabilidad subsistir\u00eda a pesar de tratarse de una actividad l\u00edcita, en donde no intervenga un error judicial o un mal funcionamiento del servicio de justicia (actuaci\u00f3n antijur\u00eddica).
\nPara establecer si el Estado es responsable, debemos partir del criterio de la existencia de un principio general de responsabilidad patrimonial (responsabilidad Civil) de todos los Poderes P\u00fablicos y \u00f3rganos del Estado que cumplan fines p\u00fablicos conforme a la Constituci\u00f3n y la ley. Dicho criterio general resulta de una interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica del art\u00edculo 4 1 y el 148 2 de la
\nConstituci\u00f3n.
\nEn efecto, el art\u00edculo 4 de nuestra Carta Magna declara de manera expl\u00edcita la responsabilidad de los encargados de los tres (3) Poderes del Estado: ejecutivo, legislativo y Judicial. Dicha responsabilidad no debe interpretarse \u00fanicamente en el sentido pol\u00edtico, sino en todos los \u00f3rdenes, incluyendo de manera obvia la responsabilidad civil, ya que ella es estipulada de manera expresa por el art\u00edculo 148 para todas las personas jur\u00eddicas de derecho p\u00fablico.
\nLa responsabilidad establecida por el mentado art\u00edculo 4 de nuestra ley fundamental, no debe entenderse que se predica \u00fanicamente respecto de las personas f\u00edsicas que ejercen potestades p\u00fablicas (encargadas de los poderes), ya que dicha situaci\u00f3n no es coherente con la vehemente generalidad inherente al principio de responsabilidad que establece dicho texto. Todo sin perjuicio de que el mencionado art\u00edculo 148 es expl\u00edcito en cuanto a la responsabilidad de todas las personas de derecho p\u00fablico, sus funcionarios y agentes.
\nDicho principio general de responsabilidad derivado de la Constituci\u00f3n, incluye no solo a la
\nactividad administrativa del Estado, sino la legislativa y, la jurisdiccional. Admitir lo contrario ser\u00eda predicar que las funciones estatales legislativa y judicial son inmunes al control jur\u00eddico, lo cual es rechazado de manera tajante por la cl\u00e1usula de Estado de Derecho, que impone el cumplimiento del mismo a todos los \u00f3rganos p\u00fablicos y a las personas privadas en aras del buen funcionamiento<\/p>\n
1 Art\u00edculo 4.- Gobierno de la Naci\u00f3n y separaci\u00f3n de poderes. El gobierno de la Naci\u00f3n es esencialmente civil, republicano, democr\u00e1tico y representativo. Se divide en Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder Judicial. Estos tres
\npoderes son independientes en el ejercicio de sus respectivas funciones. Sus encargados son responsables y no pueden delegar sus atribuciones, las cuales son \u00fanicamente las determinadas por esta Constituci\u00f3n y las leyes.
\n2 Art\u00edculo 148.- Responsabilidad civil. Las personas jur\u00eddicas de derecho p\u00fablico y sus funcionarios o agentes ser\u00e1n responsables, conjunta y solidariamente, de conformidad con la ley, por los da\u00f1os y perjuicios ocasionados a las personas f\u00edsicas o jur\u00eddicas por una actuaci\u00f3n u omisi\u00f3n administrativa antijur\u00eddica. del gobierno y la sociedad. Por ello debe primar la caracter\u00edstica relativa a la generalidad como atributo del principio de responsabilidad de todos los Poderes y \u00f3rganos p\u00fablicos creado por la
\nConstituci\u00f3n, lo que implica su normatividad independientemente del tipo de actividad o funci\u00f3n estatal realizada que cause un da\u00f1o (Ejecutiva, Judicial y Legislativa), todo de conformidad con la ley, tal y como dispone el art\u00edculo 148 Constitucional.
\nEn cuanto a la responsabilidad por el accionar l\u00edcito de los Poderes P\u00fablicos, debe entenderse que, a pesar de que el art\u00edculo 148 de la Constituci\u00f3n establece como regla general la responsabilidad por la omisi\u00f3n o actuaci\u00f3n antijur\u00eddica, el p\u00e1rrafo I del art\u00edculo 57 3 de la ley 107-13, sobre los derechos de las personas en sus relaciones con la administraci\u00f3n\u2026, reconoce el derecho de las personas a ser indemnizadas en ausencia de funcionamiento irregular ante la verificaci\u00f3n de dos
\ncausales bien distintas: a) la naturaleza riesgosa de la actividad; y b) la existencia de sacrificios especiales o singulares en beneficio de la generalidad de los ciudadanos, derivados del ejercicio l\u00edcito de la actividad de que se trate, que es el que nos interesa en la presente publicaci\u00f3n.
\nDicho texto del p\u00e1rrafo I del art\u00edculo 57 de la citada ley 107-13, no puede ser considerado que transgrede el art\u00edculo 148 de la Constituci\u00f3n, a pesar de la aparente contradicci\u00f3n que presenta el an\u00e1lisis superficial de la letra de ambos, ya que tiene plena aplicaci\u00f3n seg\u00fan ordena ella misma. En efecto, el principio de favorabilidad establecido en el art\u00edculo 74.4 de dicha ley fundamental ordena que se interprete el ordenamiento jur\u00eddico de la manera m\u00e1s favorable para el titular del
\nDerecho Fundamental de que se trate. Cuya titularidad reside en la persona que sufri\u00f3 un da\u00f1o por la actividad l\u00edcita de los poderes p\u00fablicos, quien es la que tiene la posibilidad para acceder a su reparaci\u00f3n conforme al citado texto de la ley 107-13. Lo que esto quiere significar, es que las normas que contengan derechos fundamentales con un \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n m\u00e1s amplio que el previsto en la Constituci\u00f3n, no ser\u00e1n inconstitucionales, sino plenamente aplicables visto el anterior principio de favorabilidad.
\nAs\u00ed las cosas, no se advierte la raz\u00f3n por la que haya que diferenciar en estos temas de
\nResponsabilidad de los Poderes y \u00d3rganos P\u00fablicos entre las actividades ejecutiva y judicial,
\ndebiendo en consecuencia existir reparaci\u00f3n ante el supuesto de verificaci\u00f3n de un da\u00f1o por el accionar del Poder Judicial, incluso el generado por situaciones l\u00edcitas; obviamente, siempre de conformidad con la ley.
\nA una conclusi\u00f3n similar se puede arribar del an\u00e1lisis del art\u00edculo 9.5 del Pacto de los Derechos Civiles y Pol\u00edticos que establece: \u201ctoda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa tendr\u00e1 el derecho efectivo a obtener reparaci\u00f3n\u201d.
\nSi como hemos dicho, cuando se trata de responsabilidad del Estado por actuaciones l\u00edcitas,
\ndebemos descartar de inmediato los supuestos de responsabilidad por omisi\u00f3n o actuaci\u00f3n<\/p>\n
3 Art\u00edculo. 57. Responsabilidad subjetiva. El derecho fundamental a la buena administraci\u00f3n comprende el derecho de
\nlas personas a ser indemnizados de toda lesi\u00f3n que sufran en sus bienes o derechos como consecuencia de una acci\u00f3n u omisi\u00f3n administrativa antijur\u00eddica. Corresponde a la Administraci\u00f3n la prueba de la correcci\u00f3n de su actuaci\u00f3n.
\nP\u00e1rrafo I. Excepcionalmente, se reconocer\u00e1 el derecho de los ciudadanos a ser indemnizados incluso en ausencia de funcionamiento irregular, a la vista de las circunstancias del caso y, en especial, de la naturaleza de la actividad generadora de riesgos o de la existencia de sacrificios especiales o singulares en beneficio de la generalidad de los ciudadanos, derivados del ejercicio l\u00edcito de potestades administrativas.<\/p>\n
antijur\u00eddica, los cuales ser\u00edan b\u00e1sicamente de dos tipos: a) error judicial del juez al momento de \u201cdecir\u201d el derecho; y b) mal funcionamiento o ineficiencia del servicio judicial.
\nEste tipo de responsabilidad del Estado (por actuaciones l\u00edcitas), resulta muy particular, ya que para su configuraci\u00f3n no es necesario que haya ocurrido un mal funcionamiento en la
\nadministraci\u00f3n de justicia o que los jueces actuantes hayan cometido un error judicial en su
\ndecisi\u00f3n 4 . Lo que habr\u00eda que indagar, es si es posible compensar econ\u00f3micamente a un ciudadano que ha sido privado preventivamente de su libertad sin que se advierta un error judicial (prisi\u00f3n preventiva antijur\u00eddica o ileg\u00edtima) a cargo de los jueces que la dispusieron.
\nEl tipo de responsabilidad que venimos examinando (por prisi\u00f3n preventiva no contraria a
\nderecho o leg\u00edtima, no seguida de sentencia condenatoria) tiene un desarrollo legal en los
\nart\u00edculos 257 y 258 del C\u00f3digo Procesal Penal, los cuales rezan: \u201cMedidas de coerci\u00f3n. Tambi\u00e9n corresponde esta indemnizaci\u00f3n cuando se declare que el hecho no existe, no reviste car\u00e1cter penal o no se compruebe la participaci\u00f3n del imputado, y \u00e9ste ha sufrido prisi\u00f3n preventiva o arresto domiciliario durante el proceso. Obligaci\u00f3n. El Estado est\u00e1 siempre obligado al pago de la indemnizaci\u00f3n, sin perjuicio de su derecho a repetir contra alg\u00fan otro obligado. A tales fines, el juez o tribunal impone la obligaci\u00f3n solidaria, total o parcial, a quienes hayan contribuido dolosamente o por culpa grave al error judicial. En caso de medidas de coerci\u00f3n sufridas injustamente, el juez o
\ntribunal puede imponer la obligaci\u00f3n, total o parcialmente, al denunciante o al querellante que haya falseado los hechos o litigado con temeridad\u201d.
\nUn asunto importante es que dicho texto prev\u00e9 la responsabilidad del Estado 5 por prisi\u00f3n
\npreventiva, incluso cuando esta no es contraria a derecho (leg\u00edtima) 6 , en los casos en que, ante los jueces del fondo, los hechos imputados no existan, no revistan car\u00e1cter penal o no se compruebe la participaci\u00f3n del imputado y este ha sufrido prisi\u00f3n preventiva o arresto domiciliario durante el proceso.
\nEsa limitaci\u00f3n de responsabilidad que establece el art\u00edculo 257 del C\u00f3digo Procesal Penal, que concibe su aplicaci\u00f3n \u00fanicamente frente a ciertos supuestos espec\u00edficos de resultado en el proceso de fondo (que los hechos no existan, no revistan car\u00e1cter penal o no se compruebe la participaci\u00f3n
\ndel imputado) debe considerarse contraria a los principios constitucionales de presunci\u00f3n de inocencia y de legalidad penal, debiendo considerarse que el instituto indemnizatorio previsto en los textos en comento rige en todos los casos en que el acusado no haya sido expresa y concretamente condenado en el proceso de fondo, siendo en ese caso injusta la prisi\u00f3n preventiva
\n4 En ambos casos (mal funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia y en error judicial) existe una falencia en el servicio de administraci\u00f3n de justicia, o lo que es lo mismo, en la satisfacci\u00f3n del derecho fundamental a la tutela judicial
\nefectiva de los ciudadanos que est\u00e1 a cargo del Estado. En el mal funcionamiento ocurre algo que no debi\u00f3 suceder en el servicio judicial sin que ello se relacione espec\u00edficamente con la conformidad, la antijuridicidad o no de la decisi\u00f3n del
\njuez, es decir, se verifica una anomal\u00eda en el funcionamiento del servicio de la administraci\u00f3n de justicia relacionada con otros factores u otros funcionarios judiciales, de la cual derivan, principalmente, dilaciones indebidas en el conocimiento
\nde los casos. De su parte, en el error judicial ha intervenido una decisi\u00f3n del juez que acusa una antijuridicidad grave.
\n5 Este tipo de responsabilidad (prisi\u00f3n preventiva leg\u00edtima no seguida de condena ante los jueces del fondo), est\u00e1 prevista \u00fanicamente contra el Estado como persona jur\u00eddica al tenor del art\u00edculo 6 de la ley 247-12, Org\u00e1nica de la Administraci\u00f3n de Justicia (art\u00edculos 255 y 258 del C\u00f3digo Procesal Penal).
\n6 Si los jueces competentes para conocer las v\u00edas de recurso correspondientes hubieren determinado que la prisi\u00f3n preventiva o provisional fue dispuesta en contravenci\u00f3n al ordenamiento sobre la materia, ello constituir\u00eda un caso de
\nerror judicial, que es distinto al caso que estamos tratando de perfilar, previsto en el art\u00edculo 257 del C\u00f3digo Procesal
\nPenal. que haya sufrido; es decir, cuando resulte inocente, pues el inocente mantiene su condici\u00f3n mientras no resulte condenado de manera expresa y concreta.
\nLa responsabilidad por haberse dispuesto prisi\u00f3n preventiva seguida de una ausencia de condena concreta, ya sea porque los hechos imputados no existan, no revistan car\u00e1cter penal o no se compruebe la participaci\u00f3n del imputado, parte del hecho de que, de conformidad con el ordenamiento jur\u00eddico es posible que contra una persona haya sido ordenada una prisi\u00f3n provisional respetuosa del principio de proporcionalidad y de la normativa prevista al efecto para ese instituto jur\u00eddico por el C\u00f3digo Procesal Penal y que posteriormente fuere dictada una sentencia que declara su no culpabilidad.
\nLa situaci\u00f3n arriba mencionada, que es el criterio del que parten los art\u00edculos 257 y 258 del C\u00f3digo Procesal Penal, se vincula al hecho de que, aunque la prisi\u00f3n provisional haya sido tomada en respeto a los elementos estrictamente reglados que rigen para dicha instituci\u00f3n, ello no es impedimento para el reclamo de una indemnizaci\u00f3n.
\nEn efecto, la indemnizaci\u00f3n encuentra asidero en esos casos en la garant\u00eda estatal debida a los derechos fundamentales. En el caso espec\u00edfico, al derecho a la libertad personal establecido en el art\u00edculo 40 de nuestra Carta Magna.
\nLo anterior en vista de que, si bien es cierto que la medida de prisi\u00f3n preventiva tiene como finalidad asuntos de inter\u00e9s general -como ser\u00edan el orden p\u00fablico inherente a la persecuci\u00f3n penal que se logra con la presencia del imputado en el juicio, o la seguridad y solidaridad social- no puede exigirse a ciertos y espec\u00edficos individuos un sacrificio particular importante de su libertad
\npersonal en atenci\u00f3n al referido inter\u00e9s p\u00fablico y general que act\u00faa como sustento de la indicada prisi\u00f3n preventiva. En ese sentido interviene en su auxilio el p\u00e1rrafo I del art\u00edculo 57 de la Ley n\u00fam.
\n107-13 que reconoce \u201c…el derecho de los ciudadanos a ser indemnizados, incluso en ausencia de funcionamiento irregular, a la vista de las circunstancias del caso y, en especial, de la naturaleza de la actividad generadora de riesgos o la existencia de sacrificios especiales o singulares en beneficio de la generalidad de los ciudadanos, derivados del ejercicio l\u00edcito de potestades
\nadministrativas\u201d.
\nAs\u00ed las cosas, en los casos de sacrificios importantes al derecho fundamental a la libertad personal
\nen favor del inter\u00e9s general, la indemnizaci\u00f3n econ\u00f3mica es la \u00faltima garant\u00eda del art\u00edculo 40 de la Constituci\u00f3n Dominicana.
\nOtro asunto interesante es la competencia del Tribunal Superior Administrativo para conocer de este tipo de responsabilidad que se viene mencionado, y que como dijimos encuentra su aval
\nnormativo en el art\u00edculo 257 del C\u00f3digo Procesal Penal, ello a diferencia de la que se deriva del hecho que sea acogido un recurso de revisi\u00f3n penal contra una sentencia de condena al fondo dispuesta antijur\u00eddicamente, ya que en ese caso es el mismo juez que conoce de la revisi\u00f3n que puede determinarla (art\u00edculo 256 CPP). Dicha competencia del Tribunal Superior Administrativo viene determinada por el p\u00e1rrafo del art\u00edculo 1 de la Ley n\u00fam. 13-07, el cual dispone que esa jurisdicci\u00f3n conocer\u00e1 de las acciones en responsabilidad patrimonial del Estado sin distinguir el tipo de persona jur\u00eddica, ente u \u00f3rgano p\u00fablico imputado o las causas que la originen.
\nEn cuanto a la indemnizaci\u00f3n, los textos que rigen legalmente de manera espec\u00edfica el caso que nos ocupa, son los art\u00edculos del 255 al 258 del C\u00f3digo Procesal Penal, establecen que su importe<\/p>\n
ser\u00eda de un d\u00eda de salario base del juez de primera instancia por cada d\u00eda de prisi\u00f3n injusta. Esto es as\u00ed en vista de que esta es la forma de calcular la indemnizaci\u00f3n en caso de revocaci\u00f3n de sentencia firme por haberse acogido un recurso de revisi\u00f3n penal seg\u00fan el art\u00edculo 258 del
\ninstrumento legal antes referido, lo cual provoca que sea imposible, por un asunto de analog\u00eda, que la compensaci\u00f3n econ\u00f3mica en el caso que nos ocupa sea menor, ya que el da\u00f1o al bien
\njur\u00eddico protegido resulta ser id\u00e9ntico: la libertad personal, aunque ambas especies tengan un fundamento jur\u00eddico diferente.
\nFinalmente debe apuntarse, sin embargo, que dichos textos establecen una responsabilidad
\ntarifada para el da\u00f1o sufrido por prisi\u00f3n injusta cuando el agraviado no es condenado en el juicio de fondo. Se parte aqu\u00ed de la concepci\u00f3n que toda prisi\u00f3n injusta causa un da\u00f1o, que consiste en la afectaci\u00f3n de un derecho fundamental como lo es el de la libertad personal, el cual es valorado de antemano por la ley. Todo ello en vista de que dicho texto es categ\u00f3rico en el sentido de que \u201c…el Estado estar\u00e1 siempre obligado al pago de la indemnizaci\u00f3n…\u201d, debiendo imperar en su interpretaci\u00f3n, para estos casos especiales, sobre la letra del art\u00edculo 59 de la Ley 107-13, en el sentido de que dicho texto dispone, para el caso de la responsabilidad patrimonial en general, que corresponder\u00e1 al demandante la prueba del da\u00f1o.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
El presente art\u00edculo va enmarcado a un reclamo en responsabilidad patrimonial del Estado fundamentada en el accionar l\u00edcito del Poder Judicial al momento de imponer una medida de prisi\u00f3n provisional, incluso cuando esta no es contraria a derecho (leg\u00edtima), en los casos en que, ante los jueces del fondo, los hechos imputados no existan, no […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":3645,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"nf_dc_page":"","_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","enabled":false}}},"categories":[40],"tags":[],"jetpack_publicize_connections":[],"yoast_head":"\n