La gente no quiere reforma fiscal

Por. Liza Collado

Las últimas semanas hemos recibido con enorme disgusto la propuesta de una aparente reforma fiscal, disposición sobre la que parte del propio gobierno se ha mostrado en desacuerdo por las condiciones actuales. En el imaginario de la gente inmediatamente aparece el peso de una gran carga, que obliga en su mayoría, a que un solo a un sector de la ciudadanía tribute más.

Aunque la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 inscribe la Ley 1-18 para la realización de un Pacto Fiscal, debemos establecer las diferencias entre los conceptos. El Pacto es un acuerdo político que deberá realizarse en un marco que integre todos los actores sociales político-partidarios; las Reformas Fiscales, a su vez, modifican la legislación impositiva vigente y las Reformas Tributarias cambian la estructura, aumentando o disminuyendo los ingresos que recibe el Estado a través de los impuestos.

Establecida la diferencia y en un ejercicio de integración presupuestaria, debemos contemplar el gasto tributario. Para que sea más comprensible lo que nos proponemos expresarles, este no es otra cosa que el monto del ingreso que el Estado deja de percibir al darle un tratamiento importante y preferencial a las exenciones, deducciones, tasas reducidas, créditos o diferimientos.

Según las estadísticas disponibles del Ministerio de Hacienda, para el año 2020 esa estimación representó unos RD$237,812.1 millones, equivalentes al 4.84% del PIB.

Las mejores practicas de Craig y Allan, señalan que “la integración de los gastos tributarios en el presupuesto debe separar claramente los nuevos y los ya existentes” a los fines de instaurar un proceso presupuestario que ordene la introducción de las nuevas medidas de política. Este ejercicio deberá acompañarse con mecanismos transparentes para evaluar los trade-offs entre los gastos directos y los tributarios.

Por su parte, la OCDE sugiere que los gastos tributarios deben ser incluidos de dos formas; en los limites del gasto total o estableciendo un tope. En ambos casos, el cambio de la política debería producir una compensación.

La administración tributaria supone el control del uso correcto de las concesiones en su ámbito de acción, porque los gastos tributarios traen una mayor complejidad en la legislación impositiva, creando muchas veces unas rendijas por las que se filtran los nuevos tipos de fraudes en el sistema de incentivos. Lo importante es verificar que los contribuyentes beneficiados hagan uso de estos gastos conforme a la Ley.

Puede que a algunos no les guste, en cambio, la fiscalización con mayor observación en nuestro país apunta hacia las operaciones que están vinculadas con el sector zonas francas, las deducciones del impuesto sobre la renta, los créditos presuntos y de clasificación subjetiva, asociaciones sin fines de lucro y las universidades.

Elegir una herramienta dependerá de las especificidades del gasto tributario, un ejemplo de ello lo son las cotizaciones para los fondos de pensiones, el ahorro de algunos instrumentos financieros y los intereses hipotecarios, que son los que pueden procesarse a través de cruces masivos de información entre los montos que han sido declarados por los contribuyentes y la información de las instituciones receptoras. Con este ejercicio se elimina el abultamiento ficticio de las rentas exentas o deducciones.

No podemos ignorar que los gobiernos ven en los gastos tributarios herramientas para financiar sus políticas públicas, persiguiendo en sus logros, resultados similares que se podrían obtener a través del gasto público directo. Esta mirada a los ingresos también debe observar los renunciados, ganados y las estimaciones que pueden ser realizadas sobre la base del devengado o de caja.

De todas las formas que se mire, el momento social no resistiría más impuestos, sumándole a esto el aumento semanal de los combustibles; el incremento de los precios en los alimentos y los servicios básicos. Necesariamente el gobierno tendrá que postergar la reforma, reorientar el gasto público disminuyendo el corriente (gastos operativos, publicidad, consumo, asesorías, etc.), e implementar herramientas financieras que le permitan sortear la crisis.